“Una demanda legal enfrentaría el Perú al no haber respetado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología al haber aprobado de manera general y sin ningún sustento técnico, científico-académico una moratoria de 10 años contra el ingreso y producción de alimentos transgénicos a territorio nacional”, manifestó el científico asociado del Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria La Molina, Enrique Fernández Northcote.
Manifestó que esta ley no prosperaría debido a que el Perú está sujeto a la ley supranacional del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, en la que se indica que para que un país autorice la liberación de semillas transgénicas para el consumo humano debe contar con dos requisitos fundamentales: el primero es que el alimento transgénico debió ser evaluado en cada uno de sus casos (papa, maíz y algodón); y segundo, que dicha evaluación debió ser en base a los conocimientos científicos, técnicos-legales; por lo tanto el Congreso de la República decretó una moratoria de manera general incumpliendo estos dos requisitos.
Fernández manifestó que es el Ministerio del Ambiente (Minam) el encargado de velar a que se cumpla el mencionado Protocolo; sin embargo, fue la primera entidad del gobierno más interesada a instalar una moratoria.
“El Ministerio del Ambiente hizo la consulta cuando la ley fue derogada en la que se sabía que afectaría al Protocolo de Cartagena”, afirmó.
Es decir, el Minam tenía conocimiento que el Perú tenía la obligación bajo el protocolo, de proporcionar al Centro de Intercambio de Información Sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB) la información requerida por las partes para el procedimiento de acuerdo fundamento previo”, (Artículo 20) del Convenio de Seguridad Biológica.
El experto manifestó que esto significaría un primer paso a la prohibición de transgénicos asegurando que en el Art. 2º del proyecto ley establece que hay necesidad de “generar las líneas de bases respecto a la biodiversidad nativa”, al señalar que tal punto es innecesario y permitiría una demora de varios años.
Perú enfrentaría demanda legal
Agregó que la ley no solo generaría una demanda legal con el Protocolo de Cartagena, sino que el Perú también enfrentarían otra situación similar con el Organismo Mundial del Comercio (OMC) lo que le costaría al país miles de millones de dólares.
En el 2003, la OMC determinó que la Unión Europea (UE) violó acuerdos globales de comercio al permitir que algunas de sus naciones miembro prohibieran los alimentos y cultivos genéticamente modificados (OGMD) provenientes de Estados Unidos, Canadá y Argentina, en donde el Perú en ese entonces brindó su apoyo a estos países.
“EEUU ganó la querella legal porque la UE no pudo sustentar con bases científicas que los transgénicos eran nocivos; y por el contrario, eran inocuos. EEUU pudo haber pedido una indemnización económica millonaria pero no lo hizo”, anotó.
(Maribel Huayhuas para diario Expreso 14/11/2011)
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